Alejandro AradasAbogado laboralista

Derecho Laboral

Indemnización por accidente de trabajo: ¿se aplica el baremo de tráfico?

Alejandro Aradas García ·

El TSJ de Galicia recuerda que el baremo de tráfico es solo orientativo y rebaja a 25.000 euros una reclamación de 142.662 euros por silicosis que no estaba desglosada.

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Si has sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional por falta de medidas de seguridad, además de las prestaciones de la Seguridad Social puedes reclamar a la empresa una indemnización por daños y perjuicios. La pregunta que aparece enseguida es cuánto pedir y cómo calcularlo, y casi siempre sale el mismo nombre: el baremo de tráfico.

La respuesta corta es que el baremo no es obligatorio. El juez de lo social puede aplicarlo, usarlo solo como orientación o prescindir de él. Lo que sí se exige es que la indemnización esté desglosada por conceptos. Una sentencia del TSJ de Galicia sobre un caso de silicosis procedente de un Juzgado de lo Social de A Coruña lo muestra muy bien: el trabajador pedía 142.662,61 euros sin explicar de dónde salía la cifra y obtuvo 25.000.

La sentencia: STSJ Galicia 3167/2024, de 28 de junio

  • Tribunal: Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Social.
  • Fecha: 28 de junio de 2024.
  • Número de sentencia: 3167/2024.
  • Recurso de suplicación: 5277/2023.
  • ECLI: ECLI:ES:TSJGAL:2024:4662.
  • Juzgado de origen: Juzgado de lo Social nº 4 de A Coruña (sentencia de 28 de junio de 2023, que desestimó la demanda).
  • Resultado: recurso estimado parcialmente. Se condena a la empresa a pagar 25.000 euros por daños y perjuicios, con los intereses del art. 576 LEC, y se absuelve a la mutua, al servicio de prevención ajeno y a las dos aseguradoras.
  • Texto completo en CENDOJ.

Una precisión: técnicamente el caso no es un accidente, sino una enfermedad profesional. Pero las reglas sobre la indemnización adicional son las mismas para ambos, y la Sala las aplica igual.

Los hechos: 25 años de barrenista en canteras y una silicosis

El trabajador prestó servicios entre 1987 y 2013 para una empresa de canteras de la provincia de A Coruña, como perforista, barrenista y ayudante. En 2004 le diagnosticaron silicosis de primer grado. Siguió trabajando en puestos con exposición al polvo de sílice hasta que la empresa extinguió su contrato por causas objetivas en 2013.

En 2016, el Juzgado de lo Social nº 3 de Santiago de Compostela le reconoció una incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional, y el TSJ la confirmó en 2017. Después, el trabajador reclamó a la empresa, a la mutua, al servicio de prevención ajeno y a dos aseguradoras 142.662,61 euros por daños y perjuicios. También había abierto un procedimiento aparte por recargo de prestaciones.

El Juzgado de lo Social nº 4 de A Coruña desestimó la demanda entera. El trabajador recurrió en suplicación.

Por qué la empresa sí respondía

Antes de calcular nada, la Sala tenía que decidir si existía responsabilidad. Y la clave fue la carga de la prueba. El art. 96.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) dice que, en los procesos por accidente de trabajo o enfermedad profesional, es el deudor de seguridad quien debe probar que adoptó las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo. No es el trabajador quien tiene que demostrar la falta de medidas.

Los hechos probados acreditaban que la empresa evaluó el riesgo, hizo mediciones de polvo y entregó mascarillas, pero casi todo ello después de 2004. Antes del diagnóstico solo constaban entregas de mascarillas y reconocimientos médicos en 2002 y 2003. La Sala concluye que la empresa cumplió su deber de seguridad después de la silicosis, no antes, y recuerda que la obligación de protección ya existía en el Estatuto de los Trabajadores de 1980 y que la silicosis era un riesgo conocido desde hacía décadas. Eso bastó para revocar la sentencia. Por qué el resto de demandados quedaron fuera lo explicamos en quién responde de un accidente laboral: empresa, mutua, servicio de prevención y aseguradora.

El baremo de tráfico en los accidentes de trabajo: obligatorio, orientativo o prescindible

No existe un baremo propio para los daños laborales. Por eso, en la práctica se acude al sistema de valoración del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (Real Decreto Legislativo 8/2004, reformado por la Ley 35/2015). La Sala gallega, siguiendo la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2020 (rec. 3769/2017), explica que el juez social tiene tres opciones:

  • Aplicar el baremo de tráfico.
  • Aplicarlo de forma orientativa, apartándose de él para subir o bajar la indemnización.
  • No utilizarlo y fijar la cantidad según su prudente arbitrio.

El límite está en la motivación. Si el juez usa el baremo y luego se aparta de él, tiene que explicar por qué. Y, en todo caso, la indemnización debe estar «vertebrada»: cada daño con su valor y su razón. El Supremo admite incluso que el juez social supere los niveles del baremo, porque la indemnización laboral nace de un incumplimiento de obligaciones de seguridad especialmente intensas, no de un accidente de tráfico entre desconocidos.

Cómo calculó el TSJ los 25.000 euros

Aquí está la enseñanza práctica de la sentencia. La demanda pedía 142.662,61 euros, pero no decía con qué método. Se limitaba a recordar, en abstracto, que una valoración vertebrada debe separar el daño corporal, el daño moral y el daño patrimonial (daño emergente y lucro cesante). Solo en el recurso el trabajador afirmó que había usado el baremo de tráfico, y tampoco entonces dio un desglose que permitiera saber cuánto pedía por cada concepto.

Ante eso, la Sala hizo su propio cálculo, aplicando el baremo de forma orientativa. Tuvo en cuenta tres datos:

  • El grado de la enfermedad: silicosis simple de primer grado, con función pulmonar normal y sin enfermedad intercurrente.
  • Que la incapacidad era total para su profesión habitual, no para todo trabajo.
  • Que la enfermedad no tenía repercusión en su vida diaria.

Con esos datos, valoró las secuelas y la incapacidad permanente total en su grado mínimo, y descontó los 28.000 euros que el trabajador ya había cobrado del seguro colectivo previsto en el convenio. El resultado, dice la sentencia, se aproximaba a 25.000 euros, que es la cantidad que fija.

Lo que se descuenta y lo que no

El descuento del seguro de convenio es un detalle que conviene tener presente. Lo que la empresa ya ha pagado por el mismo daño, a través de una póliza colectiva que ella misma financia, suele restarse de la indemnización adicional. Por eso, cuando calcules tu reclamación, parte de lo que ya has cobrado y explica qué daños quedan sin reparar.

Distinto es el recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad (art. 164 de la Ley General de la Seguridad Social). Es una responsabilidad independiente, que paga directamente la empresa, que no puede asegurarse y que no se descuenta de la indemnización por daños. En este caso iba por un procedimiento separado ante el Juzgado de lo Social nº 2 de A Coruña.

Cuando hay un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, conviven varias vías de reparación que conviene no confundir:

  • Las prestaciones de la Seguridad Social (incapacidad temporal, incapacidad permanente, indemnizaciones por lesiones permanentes no incapacitantes). Están tasadas por ley y no dependen de que haya culpa de la empresa.
  • Las mejoras voluntarias y los seguros de convenio, con los capitales que fije el convenio colectivo.
  • El recargo de prestaciones, del 30 al 50 %, cuando falta alguna medida de seguridad.
  • La indemnización adicional por daños y perjuicios, que exige un incumplimiento de la empresa y que se calcula caso por caso. Es la que se discute en esta sentencia.

Esta última es la única que no viene dada por una tabla legal. Por eso, quien reclama es quien tiene que poner sobre la mesa un cálculo razonado.

Errores frecuentes al reclamar daños por accidente de trabajo

  • Pedir una cifra global sin desglose. Es exactamente lo que ocurrió aquí. Si el juez no sabe cuánto pides por días de baja, por cada secuela, por daño moral y por lucro cesante, hará su propio cálculo, y puede ser mucho más bajo.
  • Dejar el método para el recurso. El cálculo tiene que estar en la demanda y defenderse en el juicio, con prueba. En el recurso de suplicación ya no se pueden añadir hechos nuevos con facilidad: en este caso la Sala rechazó todas las revisiones de hechos que propuso el trabajador.
  • No aportar un informe pericial de valoración del daño. Un perito médico que traslade las secuelas a puntos del baremo y explique la pérdida de calidad de vida da al juez una base objetiva para el cálculo.
  • Olvidar lo ya cobrado. Seguros de convenio, mejoras voluntarias y, en el lucro cesante, las prestaciones públicas. Si no lo descuentas tú, lo descontará el tribunal.
  • Dejar pasar el plazo. La acción de daños prescribe al año (art. 59 del Estatuto de los Trabajadores). Los tribunales suelen contarlo desde que se conoce el alcance definitivo de las secuelas, normalmente con la firmeza de la resolución o sentencia de incapacidad permanente. Antes de la demanda ante el Juzgado de lo Social hay que pasar por la conciliación previa.

Qué enseña esta sentencia para otros casos

Primero, que la empresa tiene que probar que hizo todo lo necesario para evitar el daño, y que haber puesto medidas tarde no la exime. Segundo, que el baremo de tráfico es una herramienta útil, pero no una obligación: el juez social puede usarlo, adaptarlo o prescindir de él, siempre que motive su decisión.

Y tercero, que la cuantía depende en gran parte de cómo se plantee la demanda. Una reclamación de más de 140.000 euros terminó en 25.000 porque la Sala no tenía un desglose con el que trabajar y valoró una silicosis leve, sin efectos en la vida diaria y con una incapacidad total solo para la profesión habitual. Con secuelas más graves y un cálculo bien fundado, el resultado puede ser muy diferente.

Conclusión

Reclamar daños por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional exige dos cosas: acreditar el incumplimiento de la empresa, para lo que la ley te ayuda invirtiendo la carga de la prueba, y cuantificar el daño de forma razonada y por conceptos. El baremo de tráfico es la referencia habitual, pero lo decisivo es que el tribunal entienda de dónde sale cada euro.

Si estás en esta situación, como abogado laboralista en A Coruña puedo revisar tu caso, la documentación médica y lo que ya has cobrado, y valorar si tiene sentido reclamar y por qué importe.

Alejandro Aradas García — Abogado laboralista en A Coruña. Colegiado nº 5.523 del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña. Más de quince años en Derecho laboral y de la Seguridad Social. Sobre mí

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