Convenio colectivo estatal de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos

Pago delegado del profesorado de niveles concertados

Es la peculiaridad central de este convenio. El salario del personal docente en pago delegado lo abona la Administración educativa competente a través de su nómina; las empresas titulares de los centros no asumen en ningún caso el abono de esas cantidades ni están obligadas a ello (art. 57). La disposición adicional segunda confirma que, en los niveles concertados, la Administración educativa es responsable de cuantas obligaciones legales y salariales le corresponden.

La consecuencia práctica es que varios derechos económicos quedan condicionados a que los pague efectivamente la Administración: la paga extraordinaria por 25 años de antigüedad (art. 67) y el complemento por incapacidad temporal (art. 74) solo se cobran si la Administración los abona, y las empresas no responden de ellos. Si una comunidad autónoma justifica insuficiencia de dotación presupuestaria, los efectos quedan aplazados hasta que haya nueva dotación o acuerdo autonómico, respetando los derechos ya generados durante el aplazamiento (art. 67 y disposición adicional octava).

Otras mejoras y derechos

• Ayudas al estudio: las empresas mantienen un régimen de ayudas al estudio para el personal y sus hijos (art. 84).
• Preferencia de plaza escolar para el personal con dedicación mínima equivalente a media jornada anual, sus hijos, los hijos huérfanos de trabajadores con más de dos años de antigüedad y los hijos de trabajadores en excedencia forzosa (art. 85).
• Enseñanza gratuita en la enseñanza reglada y las actividades complementarias, con porcentajes de plazas gratuitas del 2 % en ESO no concertada, Bachillerato y FP y del 3 % en Primaria y ESO concertadas, y hasta un 15 % en el primer ciclo de Infantil (art. 86).
• Manutención y alojamiento: el profesorado que vigila las comidas tiene derecho a manutención esos días; el resto del personal puede usar el comedor abonando el 50 % de la tarifa del alumnado; el personal interno tiene derecho a manutención y alojamiento (art. 87).
• Formación: 20 horas anuales retribuidas de formación vinculada al puesto, acumulables hasta cinco años, con un año de antigüedad (art. 46); cursos de lengua propia de la comunidad autónoma (art. 46).
• Jubilación: puede tener efecto al final del curso escolar si hay acuerdo entre empresa y trabajador; caben jubilaciones anticipadas de mutuo acuerdo conforme a la legislación vigente (art. 56).
• Igualdad y no discriminación: el acuerdo de 2025 incorpora un protocolo frente a la discriminación y el acoso por identidad de género y orientación sexual (anexo VI bis) y un módulo formativo de sensibilización contra la LGTBIfobia (art. 46).

Relación con el convenio provincial

El convenio se aplica en todo el territorio del Estado (art. 1). Solo las comunidades autónomas con competencias educativas pueden negociar convenios propios a través de las organizaciones legitimadas y, en las materias que no se negocien en ese ámbito autonómico, el convenio estatal actúa como derecho supletorio dispositivo (art. 1 y disposición adicional octava). Es decir, el convenio estatal es de aplicación directa —tablas salariales, jornada, permisos y régimen disciplinario incluidos— mientras no exista un convenio autonómico que regule esas materias. Los convenios de empresa solo tienen prioridad aplicativa en las materias enumeradas en el art. 84.2 del Estatuto de los Trabajadores (art. 1). El convenio no contempla la negociación provincial: la remisión es a las comunidades autónomas, no a las provincias.